La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una contundente advertencia al gestor ferroviario Adif y Adif Alta Velocidad sobre las carencias en la declaración de red para los años 2025 y 2026. Según el organismo, el documento presentado carece de la claridad y el detalle necesarios sobre las obras planificadas en la red ferroviaria española, poniendo en jaque la planificación y las inversiones de las empresas del sector. En un momento clave, con los fondos europeos Next Generation impulsando una modernización sin precedentes de las infraestructuras, esta falta de transparencia es inadmisible y perjudica gravemente al negocio ferroviario.

Falta de concreción: un obstáculo al desarrollo

La declaración de red es un documento esencial para la gestión y evolución del sistema ferroviario. En él, Adif debe detallar no solo las obras previstas, sino también los plazos y el impacto operativo durante y después de su ejecución. Sin embargo, Competencia señala que la información aportada es menor y menos precisa que en años anteriores. Se mencionan únicamente actuaciones que alteran parámetros técnicos básicos, dejando de lado obras que podrían aumentar la capacidad, permitir mayor carga por eje o mejorar el gálibo, aspectos cruciales para la competitividad del sector.

Además, los plazos que presenta Adif son excesivamente amplios, con horquillas de dos o tres años que resultan inútiles para la planificación empresarial. Esto afecta directamente a las operadoras, que dependen de información detallada para estructurar sus inversiones. La CNMC insta al gestor ferroviario a concretar plazos por semestres o trimestres, una medida mínima para garantizar la certidumbre y el orden en el sector.

Excesos burocráticos e incumplimientos normativos

La CNMC también ha señalado prácticas de Adif que no se ajustan al Reglamento 2016/545, como la introducción de criterios de priorización no aprobados por el organismo y la exigencia de documentación adicional a los operadores, como estudios de movilidad e informes externos. Estas imposiciones suponen una carga burocrática injustificada que dificulta el acceso a la red, penalizando a las empresas ferroviarias sin una base normativa clara.

Por otra parte, Competencia critica las penalizaciones impuestas por Adif por incumplimientos en los acuerdos marco, recordando que estas deben estar especificadas en los propios acuerdos, no solo en la declaración de red. Este tipo de prácticas, según el organismo, no solo carecen de transparencia, sino que también generan inseguridad jurídica.

El reglamento de cánones: una deuda pendiente

Otro aspecto alarmante es el retraso en la aprobación del reglamento de cánones, fundamental para garantizar que los costos de acceso a la red sean claros y justos. Este reglamento debería estar incorporado en la declaración de red y publicado con al menos 12 meses de antelación al inicio del horario de servicio. Sin embargo, Adif sigue incumpliendo este plazo, generando incertidumbre tanto en términos económicos como operativos.

Un sector en jaque por la falta de compromiso

La actitud de Adif no solo incumple la normativa, sino que perjudica directamente el desarrollo del sector ferroviario en España. Las empresas necesitan previsión y transparencia para invertir, crecer y aprovechar las oportunidades que brindan los fondos europeos. La opacidad y la burocracia son obstáculos que amenazan con dilapidar el esfuerzo conjunto hacia un transporte más moderno, eficiente y sostenible.

Desde FAPROVE, exigimos a Adif un cambio inmediato. La transparencia, el compromiso con la normativa y la concreción en los planes son imprescindibles para garantizar un futuro competitivo para el ferrocarril en España. No podemos permitir que la falta de claridad y planificación ponga en peligro el desarrollo de uno de los sectores clave para nuestra economía y sostenibilidad